A dos semanas de uno de los asaltos bancarios más espectaculares de los que haya evidencia, la fiscalía general de Oaxaca dio cuenta de la inhabilitación de una red delictiva que operaba en media docena de estados de la República.
El robo ocurrió en la capital oaxaqueña, en vísperas del Día del Niño. Dos días antes, el comando había arribado a un hotel del centro histórico del que no salieron, hasta que recibieron la instrucción. Al mediodía siguiente, un funcionario del DIF estatal acudió a una sucursal de Banamex ubicada en la Avenida Universidad –una de las más transitadas de la periferia— para retirar 3.6 millones de pesos que cubrirían el pago de la nómina de esa institución, encabezada por Irma Bolaños Quijano.
La operación fue realizada, sin complicaciones, como cada quincena. El empleado estatal abordó una camioneta que casi inmediatamente fue interceptada por otro vehículo SUV Blanco, sin reporte de robo. Lo que parecía un incidente vial se convirtió en un robo con violencia, cuando el conductor del vehículo agredido no detuvo su marcha y trató de evadirse, sin éxito.
Tras de recibir la denuncia, comenzó una investigación ministerial que llevó al interrogatorio de empleados bancarios y funcionarios estatales, además de la revisión de las cámaras del C5i Oaxaca y el sistema de videovigilancia de la sucursal de la que fueron retirados los recursos.
Las acciones operativas y de inteligencia permitieron identificar vehículos, líneas telefónicas, zonas de resguardo y movimientos financieros relacionados con la estructura criminal, pero hubo un hecho ocurrido al interior de la sucursal –una fotografía tomada por uno de los supervisores de los cajeros al funcionario que hizo el retiro del efectivo— que derivó en una investigación exhaustiva, en Puebla y la Ciudad de México, que implicó trabajo de inteligencia criminal, análisis tecnológico e intercambio de información interinstitucional.
Los tres asaltantes fueron localizados y detenidos en la unidad habitacional Infonavit San Bartolo, de Puebla, el pasado 4 de mayo; un día después cayó el líder operativo de la banda y otro de sus cómplices. Por su participación en los hechos, ese quinteto se habría repartido 1.5 millones de pesos. El resto del botín tenía que ser entregado en la capital de la República al autor intelectual del hurto, como en otros trabajos realizados por la célula criminal bajo el mismo esquema operativo que les permitió identificar, seguir y despojar violentamente a cuentahabientes, tras realizar movimientos bancarios de alto valor.
La fiscalía oaxaqueña, tras reunir evidencia sólida, acudió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de consultar a la FGR y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros sobre otros eventos de similares características ocurridos recientemente en el Aguascalientes, Estado de México y Puebla.
“El principal operador y articulador de esta red es identificado por las iniciales A.M.S.R., quien laboraba en el Centro de Inteligencia y Monitoreo Banamex en la sede central de la Ciudad de México, desde donde presuntamente obtenía y facilitaba información estratégica para la comisión de los delitos”, informó el fiscal oaxaqueño, Bernardo Rodríguez Alamilla.
Efectos secundarios
REVELACIONES. Las operaciones de la Ground Branch de la CIA en México, desvelada por la cadena CNN, ha provocado una reacción virulenta del gobierno mexicano. Los casos El Payín y antes, de El Mencho son la muestra incontestable de operaciones encubiertas de agentes de inteligencia estadounidenses en territorio mexicano dirigidas a eliminar a “objetivos prioritarios”. En la víspera, LA Times confirmó que la extracción de Ismael Zambada a Estados Unidos ocurrió en una avioneta que pertenecía a Joaquín Guzmán Salazar piloteada por uno de sus testaferros, lo que sugiere que fue él quien orquestó el complot para entregar al Mayo. El piloto habría sido liberado por las autoridades estadounidenses tras el aterrizaje y se le permitió regresar a México, aunque posteriormente fue arrestado en Sinaloa por las fuerzas de seguridad mexicanas y entregado discretamente a la administración Trump en agosto, junto con más de dos docenas de otras figuras sospechosas de pertenecer al cártel.
