Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc, a 1 de abril de 2026 .– En respuesta al llamado de la Organización de las Naciones Unidas para atender la situación ambiental en la Península, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), anunció la implementación de un protocolo especializado de monitoreo para determinar el origen de la contaminación en el manto acuífero.
La titular de la dependencia, Neyra Silva Rosado, informó que ya se trabaja en la identificación de contaminantes específicos, con el objetivo de diferenciar el impacto generado por la industria porcícola, los desechos urbanos y las actividades agrícolas.
Esta acción se da tras la visita del relator especial de la ONU, Marcos Orellana, quien advirtió sobre los efectos “devastadores” de sustancias tóxicas en el suelo kárstico de la región y urgió a los tres niveles de gobierno a intervenir ante la vulnerabilidad del agua y las comunidades.
Silva Rosado señaló que desde enero se mantiene coordinación con instancias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de integrar un inventario actualizado de granjas porcícolas y verificar sus condiciones de manejo de residuos.
Como parte de las medidas, la funcionaria anunció una política de cero nuevas autorizaciones para este tipo de instalaciones, privilegiando en su lugar la reconversión de las granjas existentes para mejorar sus sistemas de tratamiento de aguas residuales.
No obstante, la titular de la SDS advirtió que la problemática va más allá de la actividad porcícola, al señalar deficiencias estructurales en el crecimiento urbano, como la falta de plantas de tratamiento en desarrollos habitacionales y el uso de pozos artesanales como descargas directas al acuífero.
Destacó que el éxito de estas acciones dependerá en gran medida de los ordenamientos territoriales de los 106 ayuntamientos de Yucatán, los cuales deberán alinear sus permisos y regulaciones con estándares ambientales más estrictos para garantizar la protección del recurso hídrico en la entidad.
