Entre el cambio y la continuidad, los quintanarroenses elegirá a un nuevo gobernante dentro de 11 meses. Mara Lezama no estará en la boleta, pero el abanderado morenista quizá sea un contrario… si el extitular de las Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, logra remontar los acuerdos locales y concitar el respaldo popular.
La actual mandataria carece de respaldos dentro los sectores más radicales de Morena y preferiría una solución “local”, que transita entre la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta y el senador Eugenio Segura Vázquez, puntero indiscutible en los sondeos de opinión.
Los morenistas definirán al coordinador estatal de los comités de defensa de la soberanía y la transformación, pero los sectores económico y social de la entidad peninsular también están a la expectativa sobre las definiciones de ese proceso político. Y deliberan sobre si habrá cambio o continuidad.
Quintana Roo está en la lista de los estados donde Morena enfrenta más un conflicto interno, que una disputa con otra formación político-electoral. El factor Lezama será determinante. Los números empiezan a contar su propia historia: la entidad cerró 2025 con una afluencia de 20.2 millones visitantes, una caída del 3.6% respecto a 2024, con descensos en prácticamente todos los destinos del estado; la tendencia se ha acentuado en 2026, cuando el Caribe mexicano enfrenta una reducción de más del 22% en asientos disponibles y 21% en operaciones aéreas desde Estados Unidos para el verano, equivalente a 561,000 asientos menos y casi 3,000 vuelos cancelados respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el Travel Sentiment Index del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún.
Todo en una coyuntura de Mundial de Futbol y a dos meses de haber sido cancelado en Mahahual, Perfect Day, uno de los proyectos insignia de inversión en el estado que estaría a cargo de la naviera Royal Caribbean. Aunado a esto, aunque las cifras oficiales de seguridad señalan avances, la percepción de inseguridad persiste en Quintana Roo alcanzando 80.3%, de acuerdo con datos integrados en el diagnóstico del Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana del estado y mediciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi. Es así como el mayor reto para Mara Lezama ya no parece ser la sucesión, sino el contexto en el que ésta ocurrirá.
La lista de pendientes no es menor. Ahí están el litigio alrededor del desarrollo de Mahahual, las controversias por Isla Blanca, el caso del delfinario del Barceló, la incertidumbre que sigue rodeando el futuro de Aguakan, el más reciente, la fractura dentro de Coparmex en el sur de Quintana Roo por el destino de 306 millones de pesos recaudados a través del fideicomiso financiado con un cobro de cinco dólares a los cruceristas. El conflicto se hizo público tras la renuncia de Gerardo Pérez Zafra como representante de Coparmex Costa Maya y su salida de la organización, al considerar que los recursos generados por la actividad de cruceros deben beneficiar prioritariamente a Mahahual y Cozumel para agua potable, tratamiento de aguas residuales e imagen urbana, y no desviarse hacia otras localidades.
Los empresarios de Costa Maya cuestionan la falta de transparencia, estudios técnicos, calendarios y reglas claras, además de señalar que Mahahual arrastra un rezago histórico en infraestructura pese a ser uno de los principales puertos de cruceros del país. Estos son solamente algunos de los conflictos que han colocado a Quintana Roo como ejemplo de la tensión entre desarrollo, inversión y actuación gubernamental. Cada caso tiene su propia historia y deberá resolverse en las instancias correspondientes; sin embargo, en conjunto proyectan una narrativa que preocupa al sector empresarial: la percepción de que invertir en el estado implica enfrentar un entorno de creciente incertidumbre jurídica.
Ese es el verdadero desafío para la recta final del gobierno de Mara Lezama. Porque mientras los aspirantes ya empiezan a construir propuestas, la administración todavía tiene que cerrar expedientes. Si la inseguridad continúa afectando la imagen del estado, si el turismo internacional mantiene signos de desaceleración y si los grandes proyectos siguen envueltos en litigios y controversias, la elección de 2027 dejará de girar alrededor de quién ofrece el mejor futuro para convertirse en un referéndum sobre el desempeño del gobierno saliente.
