Originalmente, el propósito del periodo extraordinario de sesiones era el ajuste al calendario de la elección de jueces y magistrados. Pero el oficialismo aprovechará la última ventana de oportunidad para cumplir el encargo presidencial para reformar el sistema electoral.
Una ventana de tiempo estrecha, que llevará a los diputados y senadores de regreso a los recintos legislativos entre el martes 26 y el jueves 28, para sancionar cuatro iniciativas: dos suscritas por la presidenta Claudia Sheinbaum, y dos propuestas del líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila.
De tres de ellas, no había noticias previas. Tampoco, de sus alcances. El exgobernador zacatecano firma la propuesta de reformar la fracción VI del artículo 41 constitucional, para incorporar un nuevo inciso, con una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, que implica modificar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.
“La intervención extranjera –definió Monreal Ávila—puede manifestarse a través de financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas”. Todas ellas, conductas que biscarían vulnerar la independencia política del Estado.
El periodo extraordinario —justifican los líderes parlamentarios– es necesario para armonizar las etapas del proceso electoral judicial. Y en concreto: aplazar la elección de los jueces y magistrados, contemplada para el 4 de junio del 2027, que sería concurrente con la renovación de la Cámara de Diputados federal y 17 gubernaturas.
Aparejado al ajuste en la fecha ocurriría una reforma para establecer un nuevo mecanismo para filtrar las candidaturas para cargos de elección popular, incluidos los jueces y magistrados.
De tal forma, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales facultaría a las dirigencias de los partidos políticos establecer convenios con las autoridades hacendarias y jurisdiccionales para requerir los expedientes de los aspirantes a las nominaciones, a partir de la elección del 2027, lo que les permitiría “evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”.
La autoridad administrativa tendría que instaurar una comisión permanente, para verificar la integridad de los candidatos, con la finalidad de establecer el canal de comunicación institucional entre los partidos y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Esa instancia, según la exposición de motivos, quedaría integrada por cinco consejeros electorales, elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE.
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