A dos años de la desaparición del carismático Carlos Bremen, Value Grupo Financiero se esforzaba para estabilizar sus balances, luego de pérdidas intermitentes, controversias externas y conflictos de interés, derivados de los riesgos inherentes y las actividades de su casa de bolsa, su arrendadora y su operadora de fondos.
Los riesgos reputacionales y regulatorios, pero sobre todo su desempeño financiero y de mercado habían marcado una pendiente. La transición en el grupo con sede en San Pedro Garza García recayó en José Kaún Nader, quien asumió la tarea de mantener la “marca potente” y la confianza de los clientes que dependían fuertemente de la figura de Bremer.
La volatilidad de sus acciones y el impacto de la sucesión fueron otros factores de riesgo. Al cierre del primer cuatrimestre del 2026, el grupo financiero notificó de un retraso en la presentación del Reporte Anual 2025 que los participantes del mercado de valores deben entregar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De acuerdo con las disposiciones vigentes, quedó abierto un plazo de extemporaneidad que se agotó sin que la emisora presentara el reporte 2025, por lo que la Bolsa de Valores decretó la suspensión de la cotización de los valores representativos del capital social de Value Grupo Financiero, medida que mantendrá vigencia en tanto no divulgue la información faltante.
El incumplimiento informado por la propia emisora incluyó otros tres entregables, además del Reporte Anual: información financiera dictaminada del ejercicio 2025, estados financieros dictaminados de una subsidiaria, y la carta del auditor, prevista en la regulación vigente. Trascendió que la firma de auditoría KPMG se negó a formar los estados financieros del grupo financiero, “debido a evidentes sobrevaluaciones de los activos”.
El análisis de la firma Dolomiti Capital sobre las valuaciones de fondos administrados por Value Operadora de Fondos, fue determinante en esta historia. En particular, detectó esa firma, parte del rendimiento extraordinario de VALUEF2 habría estado asociado a posiciones en bonos de baja liquidez y larga duración, entre ellos, instrumentos subordinados vinculados al Periférico del área metropolitana de Monterrey (el valor de la emisión se estima en 2,600 millones de pesos), la autopista Perote-Xalapa (estimado en 1,600 millones de pesos) y la autopista Río Verde-Ciudad Valles (estimado en 2,800 millones de pesos).
Los tenedores de estos bonos son la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz.
En tribunales también se resuelven otras historias que involucran a instituciones del sistema financiero. En este mismo espacio se dio cuenta –la semana pasada—del litigio interpuesto por una coalición de accionistas minoritarios independientes de Tenedora CI que puso freno a los acuerdos adoptados en las asambleas de la sociedad controladora del 99.999% de CI Banco y CI Casa de Bolsa.
Estas historias confluyen en tierras regias. Y tienen un denominador común: Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, quien se retiró de Vector para ingresar al servicio público.
Hace un sexenio Vector y Value pasaron un periodo de bonanza. Ahora, junto con BanFeliz y Afirme, enfrentan periodos de turbulencia.
