Han pasado nueve días de la emisión de la circular 4740, “exclusiva para los afiliados” de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. En anticipación de la consulta sobre los nuevos lineamientos para garantizar la protección de los derechos de las audiencias, propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el presidente de la poderosa agrupación de concesionarios, José Antonio García Herrera, socializaba una actualización de los mecanismos de los mecanismos de autorregulación de la industria.
La exmagistrada federal Fabiana Estrada Tena y el litigante Eli Manuel Ramírez Villaseñor fueron designados como defensores de las audiencias de la industria por García Herrera, también abogado y notario. Los concesionarios fueron emplazados a notificar ante la CIRT su adhesión a los nuevos representantes jurídicos, “a fin de integrar el registro correspondiente y asegurar la continuidad del servicio”, mismo que es proporcionado a todos los afiliados al corriente en el pago de sus cuotas.
“La CIRT reafirma su compromiso permanente de velar por la certeza jurídica, la operación eficiente y la generación de ahorros para los radiodifusores, consolidando así un entorno regulatorio claro, equilibrado y sostenible para todo el sector”, establece el memorando firmado por García Herrera, director corporativo de Grupo Capital Media, desde hace cuatro años asumió la presidencia de la Cámara.
Estrada Tena, exasesora del presidente ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, compitió el año pasado por una de las nueve posiciones vacantes en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ramírez Villaseñor es abogado asociado al despacho encabezado por Iván Ruiz Moreno, exfuncionario de la extinta Cofetel. Desde el pasado lunes 20 formalmente asumieron “las funciones de atención, orientación y emisión de pronunciamientos conforme al marco legal aplicable”, de acuerdo con la circular 4740.
Su primera actuación, un pronunciamiento público sobre los nuevos lineamientos propuestos por la CRT, mismos que están en proceso de análisis. Y una crítica a los comentarios formulados por la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde Luján, en la conferencia matutina en Palacio Nacional.
El proyecto —advirtieron— desvirtúa los mecanismos de autorregulación y anula a los defensores de las audiencias designados por los concesionarios de los medios electrónicos, quienes en la propuesta quedan como subordinados a la autoridad. Y la habilitación de un “recurso de inconformidad” los dejaría ociosos, pues “el gobierno terminará decidiendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no”.
El monto de las multas —hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario y/o programador— por cada “falta informativa” fue calificado como “en exceso elevadas” y “sanciones al margen de la ley”.
Los concesionarios han endurecido sus posturas, no obstante que un sector —identificado con el secretario Omar García Harfuch— ha sido proclive a un diálogo con las instancias gubernamentales. En la discusión previa, sobre los alcances a la reforma a la legislación en materia de telecomunicaciones, hubo reuniones con el titular de la Agencia, José Peña Merino.
Desde el sexenio lopezobradorista, empresarios del ramo con inversiones en el sur del país han manifestado quejar reiteradas por el centralismo. Su petición de recalcular las tasas impositivas para cubrir la contraprestación de sus concesiones finalmente fue atendida.
