Las Fuerzas Federales tienen el mandato de cumplir con las instrucciones presidenciales, pero la vigilancia en la Sierra de Jerez era imposible sin establecer un destacamento en la zona. El secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, retomó el planteamiento formulado en las mesas para la construcción de la paz y lo llevó ante el gobernador, David Monreal Ávila.
El joven funcionario acababa de cumplir –a mediados del pasado mes de abril—tres años como jefe del gabinete estatal. Enviado como refuerzo por el líder de la bancada morenista en San Lázaro, parecía haber trascendido sus afanes por la candidatura (los davicistas optarán por Vero Díaz) y junto con el fiscal, Cristian Paul Osnaya, quedó encargado de coordinar los operativos para inhibir a los grupos delincuenciales.
La seguridad en los tramos carreteros que conectan con Aguascalientes y San Luis Potosí eran prioritarios. Para la zona de los cañones y la frontera con Coahuila, debía mejorarse la infraestructura y por eso Rodríguez Mugüerza propuso al gobernador Monreal Ávila edificar el nuevo cuartel para el Destacamento Regional en terrenos del ejido Palmas Altas. Un “mapeo táctico” basado en inteligencia federal estableció esa ubicación, estratégica para desarticular rutas logísticas de grupos delictivos en la sierra zacatecana.
Contener la violencia derivada de la pugna de dos organizaciones delictivas que pelean por el paso al norte para el trasiego de drogas, además de la criminalidad local, ha sido la estrategia implementada por Reyes Mugüerza y Osnaya.
El sector minero de Fresnillo fue atacado directamente. Ignacio Castrejón Valdéz, exalcalde de Sombrerete y presidente de Grupo CAVI, es la víctima más visible del sangriento fin de semana ha roto con los equilibrios precarios. Su hermano Natividad, es titular de la secretaría de Educación Pública en Hidalgo.
Una decena de víctimas, cinco de ellos empresarios de Fresnillo. Todos, extraídos a la fuerza de sus domicilios. Tenían apoyo para sus desplazamientos, pero no habían contratado a especialistas en seguridad, no obstante las amenazas que habían recibido desde hace tres meses. Todo apunta a un tema de extorsión a los contratistas de la mina de Fresnillo, distinto al dominio ejercido en otras plazas mineras por las organizaciones sindicales dedicadas al transporte.
La sociedad zacatecana, impávida. Ayer mismo, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional arribaron a Zacatecas para reforzar los operativos de seguridad que se mantienen en el territorio estatal, en coordinación con las corporaciones de seguridad del estado.
Asimismo, quedó instalado de manera permanente el Grupo de Inteligencia Operativa en la 11ª Zona Militar. Refuerzos tardíos a las acciones desplegadas por las fuerzas estatales que han fallado en el tema más sensible para los zacatecanos.
Efectos secundarios
A PRUEBA. Las compras consolidadas son los procesos de contratación de servicios con mayor potencial de ahorro para las finanzas públicas. Pero la licitación de arrendamiento vehicular que impulsa el Gobierno federal enfrenta presiones y desatinos. Y es que en Palacio Nacional apuntan que el extitular de la TUAF, Jorge Trejo, apoyado por funcionarios que permanecen desde la gestión de Thalía Lagunes, busca influir para que el procedimiento sea declarado desierto. Mientras tanto, el retraso en la publicación del acta y en la revisión de las propuestas económicas mantiene en vilo un proceso clave para dependencias como Pemex e IMSS-Bienestar.
