Han cerrado filas los directores de los centros de investigación, las facultades y las escuelas de la UNAM en torno al rector, Leonardo Lomelí Vanegas, en el deslinde de responsabilidades por el fiasco en la aplicación del examen en línea a los alumnos de primer ingreso de licenciatura.
El discurso dominante trata de señalar a los aspirantes como proclives al fraude, más que reconocer las fallas en la organización de la prueba. La pertinencia de la modalidad y la selección de proveedor del software son decisiones exclusivas de la Dirección General de Asuntos Escolares, que depende directamente de la Secretaría General de la Máxima Casa de Estudios.
Los exámenes fueron aplicados entre el 23 de mayo y el 10 de junio. Para entonces, las autoridades universitarias ya tenían noción de la magnitud del fracaso. Y en la etapa de calificación —del 10 al 17 de ese mismo mes— corroboraron las anomalías y entonces pudieron evitar esta oprobiosa crisis de credibilidad, pero no pudieron interrumpir sus merecidísimas vacaciones. A dos semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027-1, su margen de maniobra es casi nulo.
¿Deben renunciar los funcionarios titulares de esas dependencias? Hasta que la comisión de expertos emita su resolución, nada. Por ahora todo depende de su compromiso ético y moral. En la revisión de lo acontecido en las últimas semanas hay un evento determinante: la publicación de los resultados y el consecuente envío de la carta de admisión a los jóvenes. Si estas acciones ocurrieron aún a sabiendas de que había “atipicidades”, el error se agrava. No haberlos publicado hubiera generado otros problemas y otras consecuencias.
En juego, el futuro de 150,000 jóvenes por las omisiones de una burocracia ensoberbecida, pero torpe. En un cuarto de siglo, la UNAM no había presentado un conflicto de estas dimensiones. La credibilidad de la Rectoría ha sufrido un daño casi irreparable. Esta vez, los rechazados han protestado, pero también serían agraviados admitidos, sin posibilidad de defensa.
La comisión de expertos podrá identificar áreas de mejora, pero no está en su ámbito decidir sobre la revocación de los resultados o la repetición del examen. El rector y la secretaría general, Patricia Dávila, tendrán que asumir la responsabilidad de una decisión trascendental, pero también explicar con fruición sobre la pertinencia de optar por la modalidad electrónica para aplicar el examen de admisión.
De manera presencial, todos los aspirantes —sin excepciones o dispensas— están en la misma circunstancia, sentados en el mismo tipo de bancas, con preguntas distintas, pero del mismo el nivel de dificultad en el examen y además utilizan el mismo instrumento, un lápiz y una goma. Hace no muchos, las autoridades universitarias habilitaron la forma de que los aspirantes invidentes pudieran responder a la prueba, acompañados de una persona que les leía las preguntas y contestaba en su nombre, bajo la vigilancia del personal administrativo, en aulas especiales.
La efectividad del examen a distancia era directamente proporcional a la calidad de la computadora, de la cámara y de la conexión wifi. Las desigualdades de acceso se sobreponen a aquellos que argumentan que hubo intentos fraudulentos o un abuso de la Inteligencia Artificial.
Efectos secundarios
CUESTIONAMIENTOS. Grupo Trafalgar concretó la compra y toma de control de Tenedora CI, la casa de bolsa vinculada a CIBanco, a pesar de la resolución emitida el pasado 27 de marzo por el titular del juzgado vigésimo cuarto de lo civil de la Ciudad de México, que prohibía expresamente vender, ceder, transmitir o desincorporar —directa o indirectamente— la participación accionaria de dicha entidad financiera. La operación, aprobada por la CNBV el pasado 29 de abril se consumó formalmente mediante un esquema de capitalización por 115,090 millones de pesos, aprobado en la asamblea del 26 de junio, tras del que se emitió un paquete accionario idéntico al capital preexistente, que diluyó al 50% la participación de Tenedora CI y dejó a ambas partes como socias. No obstante, la autoridad judicial había ordenado formalmente notificar al regulador sobre las restricciones dictadas como medida cautelar.
