En el margen superior derecho de la carátula de la denuncia, de 11 cuartillas, aparece el acuso de recibido a las 11:53 horas del pasado 11 de mayo. Las iniciales “GRR” del empleado que atendía la ventanilla de documentación y análisis de la Oficina de la Fiscal General y una nota (“sin anexos”) destacan en el archivo .PDF recibido la tarde de ese día por nueve integrantes del Consejo General del INE, por correo electrónico.
El remitente usó una cuenta de proton.me para su envío, pero excluyó del envío a la presidenta consejera, Guadalupe Taddei Zavala; a la secretaria ejecutiva, Claudia Arlette Espino, y a Frida Denisse Gómez Puga, la presunta denunciante. El escrito establece los correos de ambas consejeras como medios de notificación sobre los avances de las indagatorias.
Los hechos referidos en realidad son materia de la auditoría de cumplimiento forense 230 dentro de la Cuenta Pública 2024 —elaborada por el equipo del actual titular de la Auditoría Superior de la Federación—para fiscalizar los recursos públicos federales administrados por el INE dentro de los capítulos del gasto 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales).
Los contratos fiscalizados versan sobre la impresión de material electoral y fueron asignados a distintos proveedores, entre ellos los Talleres Gráficos de México, entonces bajo la dirección del ahora consejero electoral, Arturo Chávez.
Pero la denuncia presentada el pasado lunes 11 se refiere al contrato INE/011/2024 suscrito entre el INE y Comercializadora JVLY y la subrogación de diversos servicios, entre ellos la elaboración del blíster del cancel electoral, que involucran a las empresas Plásticos y Metales MYC y GRUMEEC Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales.
Los pliegos de observaciones de la ASF deberán ser debidamente solventados, pero la denuncia refiere que el entonces titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, Jesús Octavio García González, tuvo una actuación “insuficiente e incluso ilícita” para proteger el patrimonio de la institución.
Hace 10 semanas, estos hechos fueron materia de distintas publicaciones periodísticas, pero no recibieron respuesta de la autoridad electoral. Esta vez, la consejera Gómez Puga negó tajantemente haber acudido a la FGR.
Ayer, ante el fiscal especializado en delitos electorales, Facundo Santillán Julián, fue tramitada otra denuncia de hechos —esta sí, de Gómez Puga, en calidad de víctima u ofendida— para enterar a la FGR de la existencia del escrito apócrifo “así como de la circunstancia de ostenta una impresión que aparenta corresponder a un sello de recepción oficial sin que la suscrita haya elaborado, firmado, autorizado ni presentado documento alguno con tales características”.
¿Los presuntos delitos? Usurpación de funciones públicas, falsificación de sellos, falsificación de documentos, uso de documento falso y apropiación indebida de identidad y voluntad jurídica de una mujer en ejercicio de un cargo público.
“No actúo con ánimo de inculpar indebidamente a persona alguna”, cierra el escrito de 14 páginas.
Efectos secundarios
RELEVANTE. Un informe elaborado por la Circle Economy Foundation revela que menos del 7% de los materiales utilizados actualmente la economía mundial proviene de fuentes recicladas. En el contexto de la competencia manufacturera entre bloques regionales, el reciclaje se ha vuelto un tema de seguridad económica, resiliencia industrial y estabilidad de cadenas de suministro estratégicas. Los metales no ferrosos como zinc, cobre y aluminio pueden reciclarse indefinidamente sin perder propiedades. En el caso del zinc, más del 80% del material reciclable ya se recupera mediante procesos industriales establecidos y cerca del 30% del consumo global proviene de fuentes secundarias. En otras palabras, el zinc utilizado hoy para galvanizar infraestructura podrá recuperarse décadas después y regresar al sistema productivo, reduciendo presión minera, emisiones y dependencia de materias primas externas.
