Amparado en el Artículo 41 constitucional, Morena ha convocado a sus bases para constituir comités de defensa a nivel municipal, distrital y estatal. Esa misma ruta han tomado el PRI —con la designación de sus “defensores de México”—y el PAN inició un reclutamiento digital para identificar prospectos.
El partido mayoritario también ha invocado a los principio de “mínima intervención” de las autoridades electorales en los asuntos internos de los partidos, auto-organización y autodeterminación. Pero en el INE hacen otra interpretación del texto constitucional y de sus funciones.
En el anterior ciclo electoral federal (2023-2024), la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad ante el proceso político iniciado por Morena, con la selección de su coordinador para la defensa de la transformación, y los procesos anticipados que las corcholatas detonaron para posicionarse.
Los consejeros electorales emitieron unos lineamientos que, en vísperas del arranque del proceso electoral 2026-2027, tendrían una versión 2.0 en caso de proceder la propuesta de Arturo Castillo Loza, aunque esa pretensión está jurídicamente forzada.
El calendario y las etapas del proceso electoral federal están claramente definidos en el marco legal vigente. ¿Es viable regular, fiscaliza y vigilar una “pre-precampaña” aunque no esté previsto?
El INE puede —y debe— fiscalizar, investigar y sancionar a los actores políticos cuando existen hechos concretos que actualicen una infracción, pero no puede —ni debe— construir un régimen general a partir de sospechas políticas.
El propio Consejo General ya le dijo que no a la propuesta del consejero Castillo y no porque a la mayoría no le preocupe la equidad, sino porque entendió algo básico: una autoridad administrativa no puede suplantar al Legislativo ni convertir una preocupación política en norma obligatoria para todos los partidos.
Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF han establecido un criterio, con la sentencia al SUP-REP-14/2026: no basta afirmar que una coordinación partidista será una candidatura. Eso sería especular sobre actos futuros y de incierta realización. Si no hay personas concretas, llamados al voto, propaganda electoral o elementos mínimos de infracción, no puede presumirse que todo proceso interno es una candidatura encubierta.
Insistir en regular las pre-precampañas no solo es jurídicamente cuestionable, sino políticamente riesgosa pues bajo la bandera de la equidad se esconde una tentación autoritaria para imponer reglas que la ley no contiene a los partidos políticos.
Efectos secundarios
RETORNO. Desde el 1 de junio y hasta el próximo domingo 12, las oficinas centrales del INE cerraron sus accesos principales, aunque el Instituto mantuvo su operación con normalidad y sin suspensión de plazos o términos legales. De conformidad con el acuerdo INE/ACU/SE19/2026, el Consejo General tendrá sesiones presenciales a partir del lunes 13, cuando la plantilla de personal retomará la normalidad. Este jueves 9, los consejeros acudirán a una sesión virtual, que contempla tomar protesta a los representantes de los nuevos partidos ante el órgano administrativo.
ALEGATOS. El exembajador de EU en México, Ken Salazar, usó las redes sociales para responder los cuestionamientos del gobierno de México sobre el presunto involucramiento de oficiales estadounidenses en la extracción y trasladó del Mayo Zambada a Nuevo México. “No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad”.
