En una primera etapa, concluyó el proceso de constitución de los nuevos partidos políticos. El INE admitió el registro de dos nuevas organizaciones, tras de cumplir con los requisitos constitucionales.
El proceso, empero, no ha sido del todo limpio. Al menos dos consejeros electorales, Norma de la Cruz y Arturo Castillo, dieron cuenta de las irregularidades detectadas en las verificaciones de las autoridades administrativas, algunas meramente formales y otras “sumamente graves”, como aportaciones de entes impedidos, promesas y entrega de dádivas, manipulación o simulación de afiliaciones e intentos de soborno a la autoridad electoral.
En la plenaria donde se examinaron los cinco expedientes de los partidos solicitantes, el consejero Castillo observó que las nuevas organizaciones se integrarán al proceso electoral con una enorme desventaja.
“La mayoría de los partidos políticos nacionales ya iniciaron desde hace al menos tres meses diversos procesos políticos de carácter público en preparación para las elecciones del próximo año y cuyas precampañas deberían empezar dentro de aproximadamente seis meses”, lamentó.
Con datos proporcionados por las Vocalías Ejecutivas refirió que 29 entidades federativas, hay reportes sobre propaganda impresa y digital, en 26; mientras que se han detectado al menos 11 entrevistas en medios nacionales por parte de personas que aspiran a cargos políticos y de elección popular, y 39 renuncias o licencias de personas en 14 entidades que aspiraban a esos mismos cargos.
En 23 entidades federativas, el INE ha recibido 416 quejas y ha dictado 15 medidas cautelares en nueve entidades con motivo de estos procesos promocionales.
“De nuevo hago un llamado urgente a que este Consejo General regule y vigile más de cerca estos procesos políticos adelantados”, advirtió Castillo. “Es fundamental para la equidad en las elecciones que vienen, pero sobre todo para proteger la frágil confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas”.
¿Promoción anticipada? Las observaciones de las autoridades electorales y las mediciones sobre la reputación de la clase política coinciden en la identificación de un periodo de alta actividad mediática en los registros disponibles de los últimos tres meses.
Ese periodo —de acuerdo con líderes morenistas consultados— definió a los retadores de los aspirantes mejor posicionados para las 17 coordinaciones estatales en defensa de la soberanía y la transformación. ¿El común denominador? Son los preferidos de los gobernadores.
Un caso notable ocurre en Sonora, donde la senadora Lorena Ivette Valles Samperio logró empatar a Célida Teresa López Cárdenas, actual secretaria de Agricultura y exjefa de la Oficina del gobernador, Alfonso Durazo Montaño; ambas compiten con el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.
Igual en Tlaxcala, donde el alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García y la senadora Ana Lilia Rivera Rivera están empatados, tras del retiro de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez.
María Elizabeth López Blanco, secretaria de Educación de Nayarit, buscó recortar mediáticamente la ventaja de la puntera natural, la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez. Entre los aspirantes, el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, y el senador Pavel Jarero, han pasado a segundo término.
En Baja California, la senadora Julieta Ramírez recurrió a las mismas técnicas para acortar la brecha con el alcalde de Tijuana, Ismael Burgüeño. Y en Baja California Sur, la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga, no ha podido remontar ante el posicionamiento del diputado federal Manuel Cota y el alcalde de Los Cabos, Christian Agundez.
¿Contraejemplos? En Zacatecas, el posicionamiento de la senadora Veronica Martínez —lleva 10 meses de promoción anticipada— ha sido inútil para rivalizar con el diputado federal Ulises Mejía Haro.
