Quedan dos semanas para que los ejecutores del gasto en las distintas dependencias de la administración pública federal formalicen los compromisos adquiridos durante los primeros cinco meses del 2026 con proveedores, contratistas y empleados.
Antes, deberán atenerse a las disposiciones previstas en las leyes vigentes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
El 30 de junio deberán ser formalizados los compromisos respectivos. Y el 31 de julio, a más tardar, deberán quedar registrados en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto, herramienta tecnológica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que permite procesar a nivel transaccional, en forma automática y en tiempo real todas las operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias que acontecen en el ámbito del ente del Poder Ejecutivo y producir información sobre la ejecución del Presupuesto de Egresos estructurada de acuerdo con la clave presupuestaria.
Hace dos semanas, el último viernes de mayo, los titulares de las unidades de administración y finanzas de las secretarías de Estado, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos se reunieron con la subsecretaría de Egresos de la SHCP, Bertha Gómez Castro.
Con el cierre del ejercicio presupuestal 2026 a la vista, durante el encuentro se plantearon diversos elementos, pero con un enfoque irrevocable: la necesidad de una planeación rigurosa y un estricto control sobre la gestión de las plazas vacantes, la cobertura de los pasivos y el registro de los compromisos.
Salvo por los servicios que requieren ajustes por la actualización de la inflación, las partidas establecidas en la Ley de Austeridad son de observancia obligatoria y su gasto debe ser igual o menor al del 2025, se instruyó. Los viáticos y pasajes quedaron limitados a lo estrictamente indispensable, lo mismo que la telefonía y la asignación de combustibles. Los gastos de representación y las comidas onerosas están proscritos. ¿Y los yerros administrativos? Las oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, se quedaron sin papelería por una pifia monumental y vergonzosa.
La identificación del monto a ejercer en el año por una partida de austeridad se determina con base en el gasto realizado el año anterior más el pasivo registrado en esa partida. En materia de servicios generales, que incluye conceptos como investigaciones y asesorías se reiteró que para su contratación es necesario contar con la validación anticipada de Hacienda.
Las compras consolidadas, en lo que resta del año, serán la única forma de ejercer el presupuesto, en lo concerniente a obra pública y servicios. Respecto de los servicios personales. No habrá pagos retroactivos y cualquier alta de personal deberá contar con autorización previa. Las plazas con una vacancia de tres o más meses ya no podrán ser ocupadas. Por excepción, la Subsecretaría de Egresos, previa gestión con la cabeza de sector, podrá evaluar la posible ocupación.
Sobre los pasivos: el registro de pasivos debe incluir el detalle del contrato y del proveedor. Cualquier pasivo no registrado en tiempo y forma no será reconocido para su pago.
En resumen: el cierre del presupuesto, para el 30 de junio. Las dependencias han sido debidamente emplazadas a cerrar contratos y cancelar las plazas no hayan sido ocupadas.
